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En junio de 2026, el Gobierno de España inyectó 115 millones de euros a Openchip, una startup catalana de chips para inteligencia artificial, pero no como subvención, sino como socio. Esta distinción, aparentemente técnica, tiene consecuencias muy concretas en el balance y en la cuenta de resultados. Un caso para entender cómo se financia una empresa que todavía no vende, y por dónde entra el Estado cuando apuesta por la industria tecnológica. [Leer más]