Los días 4 y 5 de julio, el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) celebró el 29.º Fòrum de l’Auditor Professional bajo el lema “Información no financiera. Transparencia y sostenibilidad” en Sitges.
Más de 700 profesionales de la auditoría procedentes de todo el Estado se reunieron en este acto que organiza cada año el CCJCC.
La sesión inaugural fue a cargo de la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell; el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Enrique Rubio; el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferran Rodríguez, y el presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez.
Durante los dos días del acontecimiento se disfrutaron de un total de 4 sesiones plenarias: ‘Reflexiones sobre el valor de la información no financiera’, ‘Geopolítica: Brexit, UE, EE. UU. y China’, ‘El futuro de la profesión’ y ‘Transformación digital: un futuro ya presente’. También se llevaron a cabo un total de 11 sesiones técnicas en las cuales se analizaron cuáles son las posibles implicaciones fiscales del Brexit, las implicaciones para los auditores de la Ley de protección de datos, el liderazgo, la gestión del estrés o el derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos (enfoque pericial), entre otros.
ACCID dispuso de un estand en el Fòrum de l’Auditor para dar a conocer las últimas publicaciones editadas y obsequiar a los asistentes uno de sus ejemplares, en total se regalaron más de 175 libros y su presidente, Daniel Faura, moderó la sesión plenaria impartida por el Sr. Andreu Veà, pionero de Internet conocido como “The Internet Biographer” con el título “Transformación digital: Un futuro ya presente”.
Antes de empezar la conferencia, el Sr. Faura dejó un espacio por la ficción gracias a “La Auditora”, una novela gráfica que relata el encargo especial a una auditora para descubrir a un robot asesino.
El presidente del CCJCC, Antoni Gómez, destacó “la importancia de esta información no financiera para la transparencia y la confianza respecto de temas socialmente muy sensibles”, e invitó a las empresas y otras organizaciones a su publicación, “a pesar de no tener obligación legal de hacerlo”.
En relación a quien corresponde verificar la información y, sobre todo, con qué marco normativo tiene que hacerse, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferran Rodríguez, explicó que “existe indefinición”. “Otra de las lagunas que nos quita el sueño es que la propia ley dice que no es obligatoria la publicación del informe de verificación por parte de las empresas. Esta indefinición está provocando importantes déficits de calidad en algunos de los informes de verificación que han sido presentados”, ha subrayado Rodríguez. No obstante, el presidente del ICJCE ha asegurado también que la mayoría de los trabajos realizados se están efectuando correctamente y que “estas cuestiones, de momento, solo afectan a una minoría, que podría aumentar si no se solucionan estos problemas”.
El cambio legislativo de alcance estatal obliga a la presentación de un informe del impacto de la empresa en cuanto a cuestiones sociales, medioambientales, de respeto a los derechos humanos, de personal y brecha salarial y también relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno.
Las empresas sometidas a esta obligación tendrán que preparar un Estado de Información no Financiera (EINF) que contenga la información necesaria para facilitar la comprensión de la evolución, los resultados y la situación de la organización y el impacto de su actividad en relación a las mencionadas cuestiones. A tal efecto, tendrán que utilizar indicadores clave no financieros -que puedan ser generalmente aplicados- que satisfagan tanto las directrices de la Comisión Europea en la materia como también los estándares del Global Reporting Iniciative (GRI).
En el conjunto de España se prevé que sean cerca de 2.000 las empresas sometidas a esta obligación.